Sería de desear que, tal vez, la Iglesia (en este caso, la española), a ejemplo de lo hecho por la Iglesia argentina renunciando a los aportes del Estado, se planteara en la medida de lo posible su renuncia a la ayuda para su sostenimiento procedente del Estado; aunque esté legitimada a ella en contrapartida a lo que da y en cuanto no es propiamente el Estado sino lo que libremente y según estiman los ciudadanos marcan la «X» en la casilla de la declaración de la renta.

Las ventajas son notables:

1. Un ejemplo testimonial ante la sociedad: de desprendimiento y desapego por lo material; que su menaje es una oferta que no tiene precio. Aunque haga una labor social necesaria e insustituible en la atención espiritual, que supone un gasto, un coste de personal (cuanto menos), y que hay que cubrir; para lo que se puedan barajar otras alternativas para costearlo.
2. Liberarse del temor a que los cambios políticos, con sus nuevas políticas en relación a lo tocante a los concordatos con la Iglesia, especialmente a su financiación, creen inestabilidad e inquietud en el sustento de un clero en muchos lugares empobrecido.
3. El responsabilizar a los propios fieles de la Iglesia a que asuman su sostenimiento, valorando a su Iglesia y lo que ella le aporta generosamente: su fe, doctrina, sacramentos, liturgia, asistencia espiritual y material, acompañamiento…
4. Y lo que es fundamental: El poder ejercer su misión profética de denuncia, libre y plenamente, y no plegarse a intereses de los políticos de turno, haciendo renuncia -aunque solo sea parcial- a su verdad evangélica.
5. Enfocar a una mayor aportación económica procedente del Estado a las acreditadas organizaciones de la Iglesia destinadas a la labor ayuda a los necesitados como son Cáritas, Manos Unidas y tantas otras. Las cuales dan brillo a la imagen de la Iglesia y testimonian la verdad de lo que predica.

Seguro que hay otras muchas ventajas, pero con estas son más que suficientes.

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