El viernes santo, 10 de abril, cuando Mons. Francisco Javier Martínez, obispo de Granada,  presidía la liturgia de los Oficios, la policía interrumpió la ceremonia, amenazando con denunciar a los asistentes si no concluía la celebración en ese momento y desalojaban la catedral. Algo parecido ocurrió en las catedrales de Cádiz y Valladolid.

Aunque haya sido un atropello, un abuso autoritario e incluso prevaricador, lo pueden cometer porque no pasa nada; lo mismo ocurre ante las burlas y falta de respeto a los sentimientos religiosos o blasfemias, etc.  Ya dijimos en un actúalo anterior titulado «Meterse con la Iglesia Católica es fácil«.

Es preocupante y significativa el que se prohíba celebrar las actos religiosos de estos días tan especiales. Es que hay una inquina soterrada contra lo cristiano… Esto no ocurre con otras instituciones, celebraciones o manifestaciones… de las que todos sabemos.

Se cumplía la distancia interpersonal reglamentaria. En cambio, hay platós de televisión (de las televisiones todas amigas laudatorias del poder, del que reciben suculentas subvenciones del dinero público) en los que no caben cuarenta personas y lo ocupan veinte, y allí no se presenta ningún policía… En cambio, en un templo, como este caso de la catedral granadina, con una capacidad para mil y lo ocuparon veinte feligreses, y en este caso… ¡Ya ven, esta es la equidad, la justicia, la libertad…! Es lo que hay. Apesta a afán persecutorio.

Otro caso discriminatorio: Si se pone empeño en suprimir las celebraciones cristianas no así en cuanto a las islámicas. según cuenta Ok Diario, a la comunidad islámica de el Batán y de Talayuela, en Cáceres, sí se les permitió preparar el Ramadán, aunque eso implicara el desplazamiento de determinados musulmanes para comprar productos de cara al Ramadán que, ojo al dato, se celebra dentro de veinte días, el día 24.

Ante la proliferación de este tipo de hechos, si no la Iglesia directamente, sí los fieles lacios deberían emprender acciones en defensa de la libertad religiosa, que cada vez más claramente se ve amenazada por el poder político y por algunos ciudadanos que profesan una cerril animadversión contra la Iglesia Católica y Jesucristo.

El presidente del Instituto de Política Social Española, Pablo Hertfelder García-Conde, calificó la intervención policial como un “ataque” hacia los católicos y advirtió que se debe actuar en consecuencia, exigiendo una explicación inmediata al gobierno ejecutivo.

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