Uno se sorprende, o mejor dicho no se sorprende lo más mínimo, de la forma de presentar la información algunos medios periodísticos de carácter progre.
El País es un periódico que de siempre se ha esforzado -sin el menor decoro- en ser beligerante con la Iglesia católica. Aunque para ello tenga que retorcer la verdad hasta hacerla aparecer según su gusto que no es otro sino el de anunciar noticias lo más negativas posible contra todo lo que lleve el marchamo cristianocatolico.
Esto es una constante y como tal hay que denunciarlo para que el lector de este medio este alerta y no le contaminen con informaciones malintencionadas.
Lo último es esto: sobre el asunto de las inmacriculaciones de los bienes de la Iglesia, este medio ha titulado indebidamente: «La Iglesia admite que tiene un millar de inmuebles que no son suyos. Sánchez pacta con Omella iniciar el proceso para devolver algunos bienes inmatriculados irregularmente«.
Esta información es tendenciosa en el sentido de que: 1º, el término «admite» no es el apropiado, pues no es cuestión de decir si a una imputación sobre una observación gubernamental, ni cosa semejante; 2º, «devolver«, no hay nada que se devuelva pues nada ha sido apropiado por la Iglesia; 3º, «irregularmente», no hay nada que no se ajuste a la regularidad de la legalidad vigente; más bien las «irregularidades» son las duplicaciones, errores, imprecisiones y desconocimiento en el listado de los bienes de la Iglesia que ha presentado el gobierno español, y que el trabajo de la Iglesia -que no así de la Administración estatal (a lo que parece)- ha tenido que aclarar.
Pueden ver este video aclaratorio de la Conferencia Episcopal Española:
En fin, que lo dicho todo este asunto-polémica es de una manipulación grosera de los que esparcen las tinieblas, el laicismo progre.
Con esto consiguen: sembrar dudas, emborronar o echar barro sobre la Iglesia (calumnia que algo queda); dar salida a la bilis fóbica anticristiana; y de paso, si se puede, pillar algo, alguna propiedad o bien, con el que engrosar la paupérrimas arcas del estado, cuya deuda publica -e increchendo– es de 1.400 billones de euros.
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