Es llamativo que la cuestión de los abusos sexuales a menores se centre única y exclusivamente en los que han sido cometidos por miembros de la Iglesia católica.
El exclusivo señalamiento de los medios de comunicación y del poder político, principalmente, de los casos de pederastica que afectan a la Iglesia, provoca que en la opinión pública y el inconsciente colectivo quede establecido un sentimiento de repulsa y desprecio ante un mal tan ignominioso, que pareciera ser propio suyo de la Iglesia, es decir, causante de todos los abusos. Esto es lo que queda flotando en el ambiente.
No nos cabe la menor duda que atacar a la Iglesia católica, humillar y perjudicarla lo más posible por aquellos que la odian es en realidad lo que se persigue.
Centrándonos en España, que es el ámbito en que nos encontramos y donde se están tomando decisiones sectarias por los poderes políticos, que se atreven a través del Parlamento iniciar un «proceso» que pone en manos del Defensor del Pueblo sobre este asunto de la pederastia referida a la Iglesia católica, nada más. Los miembros de la Iglesia que han cometido esos casos nefandos son 2 de cada 1.000. Los otros 998 no interesan. Así de claro, las cifras hablan por sí solas, ¿a qué se debe, pues?
Está claro que no se pretende esclarecer la pederastia, ni de perseguirla, ni de hacer justicia a las víctimas, sino responsabilizar a la Iglesia de toda ella, con lo que esto significa…
Está bien que la Iglesia se preste a colaborar encargando una auditoría en colaboración con el Defensor del Pueblo, pero no debe caer en la trampa de que aparezca como la exclusiva culpable de este mal social.
Como ha declaro recientemente En una entrevista con ABC, monseñor Luis Argüello, secretario general y portavoz de los obispos: “objetivamente resulta injusta si no plantea la problemática de los abusos en toda la sociedad”. «Nosotros somos los primeros que no queremos abusos en nuestras filas y un solo caso de abusos es un drama enorme, injustificable y condenable. Por eso queremos la verdad. No queremos lobos en nuestro rebaño. En este momento, la grave problemática de los abusos de la sociedad española no está en el ámbito eclesial. No lo decimos nosotros, lo dicen los informes de la Fundación Anar, de Save the Children, del fiscal general del Estado…”. “Cuando la fiscal general preguntó a las 17 fiscalías cuántos procesos sobre abusos cometidos en ámbito eclesial tienen abiertos, le respondieron que hay 69. En ese mismo periodo, según la fiscal general, si no recuerdo mal, en toda la sociedad, hubo decenas de miles de denuncias de casos relacionados con abusos. Por eso sorprende que la investigación se limite a Iglesia”.
Organizaciones como e-Cristians, que ha lanzado una campaña animando a escribir al Defensor del Pueblo para que investigue todos los casos sujetos a pederastia y no sólo los del ámbito eclesial.
Nos invita a unirnos a la firma de una carta dirigida al Defensor del Pueblo para que indaguen todos los casos de pederastia y todos los sujetos que los cometen. AQUÍ, la pueda firmar, y este es el contenido:
Excelentísimo Señor:
Una mayoría del Congreso de los diputados ha encargado a su institución la indagación sobre la pederastia para establecer la determinación de los «hechos y responsabilidades, la reparación de las víctimas y la planificación de las políticas públicas» para la prevención, como ha acordado una mayoría del Congreso de los Diputados, pero solo limitada a las personas vinculadas a la Iglesia Católica. Este hecho constituye una grave vulneración de los derechos constitucionales de aquel grupo social, que Ud. tiene la obligación de defender, y oculta el delito social de la pederastia, al convertir en chivo expiatorio a las personas vinculadas con las instituciones católicas. Ud. no aceptaría un encargo en el sentido de tratar de los robos con violencia, pero solo los cometidos por gitanos o inmigrantes: sería racismo o xenofobia. Tampoco puede aceptarlo en este caso.
Así mismo, al limitar la cuestión a aquel grupo, hará imposible la efectiva determinación de los hechos y responsabilidades, la reparación de las víctimas y la planificación de las políticas públicas para la prevención, porque solo abordará, como Ud. conoce bien, una ínfima minoría de casos, que pueden significar en todo caso el 1% del total. Al mismo tiempo, introducirá una brecha de género muy importante, porque al actuar en aquellos términos, marginará la importancia de estos abusos en niñas y adolescentes, que son la mayoría de los casos, y sobrevalorará los que son fruto de impulsos homosexuales. En definitiva, causará un grave deterioro a la credibilidad, independencia y prestigio de la institución del Defensor del Pueblo.
Por estas razones le formulo las peticiones siguientes:
A/ No lleve a término la actuación solicitada por el Congreso, y abra expediente sobre la misma por presunta vulneración de los derechos fundamentales de un grupo social predeterminado.
B/ A partir de todos los datos disponibles y de los que tenga a bien solicitar, abra una indagatoria sobre todos los casos relacionados con el delito de pederastia, a fin de establecer los “hechos, responsabilidades, reparación de víctimas, y planificación de políticas públicas”.
Atentamente,