No es tolerable el trato público que el gobierno socialista tiene contra la Iglesia Católica. Es una inquina pertinaz que repetitivamente vuelve para zaherir la imagen y la fama de la Iglesia en España.
Si el 1936, en tan sólo unos seis meses, los antepasados de estos progres pretendieron acabar con cualquier vestigio católico arrasando iglesias y matando a sacerdotes y religiosos y gente piadosa e indefensa, hasta 10.000, en tan solo unos meses, hoy día se pretende aniquilar, si no físicamente a la Iglesia, pero sí civilmente, en su imagen, a base de desprestigiarla, embarrándola mediáticamente y de forma desmedía e injusta.
Ayer 23 de abril, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de cinco medidas y confirma que han “iniciado conversaciones para que la Iglesia sufrague el coste de las indemnizaciones”. De modo que ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para dar cuenta del paquete de cinco medidas del Gobierno; siguiendo el ‘Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos’ elaborado por el Defensor del Pueblo, pese a que este aún no se ha debatido en el Congreso de los Diputados. Y aprovechando ese momento de foco matico, hizo mención a la más que polémica estimativa del número de víctimas de abusos por parte de la Iglesia, dando pábulo de verificabilidad a la cifra disparatada y loca de 440.000 casos.
El caso es restregar esos bochornosos datos de manera repetitiva e injusta de forma que se hagan públicos una vez más, de modo que la imagen de la Iglesia quede daña seriamente.
Además de que el muestreo no es nada científico con proyecciones y extrapolaciones arbitrarias y no exentas de errores. Es decir, una chapuza llevada a cabo con mala baba con un evidente sesgo anticlerical, anticatólico y cristofóbica. De lo que ya hablamos anteriormente en noviembre pasado:
“Con esta campaña sectaria se ha identificado a los religiosos como los únicos responsables de la pederastia existentes, y a los que hay que pedir cuentas y culpabilizar. Y esto cuando tan solo representan una ínfima parte de ese hecho abominable de los abusos a menores. La inmensa mayoría, el 99,8%, de ella no se responsabiliza a nadie ni se le presta la menor atención. De 45.000 denuncias, apenas un 100 hacen referencia a miembros de la Iglesia (de estas, solo 33 confirmadas), tan sólo se da publicidad estos pocos casos; en cambio, para los demás, mayores e importantes, como los que suceden dentro de la familia, los colegios públicos, instalaciones deportivas, internet, amigos y compañeros, vecinos, trabajo, campamentos, etc. De todos estos que de 1.000 son 998 no interesa, interesa solo el 2.”
Obviamente que si se diera por cierta la cifra de los 440.000 del ámbito de la Iglesia, que es tan solo un 0,2%, si hacemos una simple regla de tres, añadiendo los otros casos, saldrían un total de: 200 millones. España tiene menos de 48 millones de habitantes. ¿Entonces…, de dónde sacan esas cifras irreales?
Solo se pretende una cosa: identificar los abusos con la Iglesia. Esa es la realidad y finalidad de este vergonzoso postureo estatal. Al gobierno no le interesan las demás victimas, y que son la absoluta mayoría: ni en general ni de los que les compete al Estado, como son los de sus centros tutelados.
Al menos por esta vez la jerarquía de la Iglesia en España ha reaccionado, emitiendo una nota ante la postura del Gobierno en la figura del ministro de Presidencia Bolaños:
Comunicado de la Conferencia Episcopal Española
En relación al Plan presentado hoy por el ministro de la Presidencia, la Conferencia Episcopal Española (CEE) quiere señalar que:
- La acción que la Iglesia viene desarrollando frente a los abusos sexuales coincide, en buena parte, con los cinco ejes de acción que este plan propone. La Iglesia trabaja ya en la línea de la acogida, la atención y la reparación de las víctimas, la prevención de los abusos, la formación de las personas y la sensibilización de la sociedad.
- En relación al plan presentado, la CEE considera que, ciertamente, son valiosas aquellas medidas que se refieren a todas las víctimas y en ese aspecto trabaja y trabajará también la Iglesia, con la experiencia que ella misma puede aportar para acoger a todos los que han sufrido y sufren esta lacra.
- Por otra parte, no se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada diez víctimas. La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales.
- El texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado. Al centrarse sólo en la Iglesia católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones.
- Además, esta regulación cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales. La Iglesia va por delante en la acogida de las víctimas, en la formación para la prevención y en su reparación. Son los poderes públicos los que deben desarrollar medidas oportunas en esta labor de proteger a los menores en tantos ámbitos de su competencia.
La CEE ya adelantó al ministro Bolaños su valoración crítica sobre este plan al fijarse sólo en la Iglesia católica. También le manifestó su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto.
En todo caso, la Iglesia mantiene su compromiso de continuar con la acogida a todas las víctimas de abusos sexuales, para acompañarlas y repararlas.
En línea con el comunicado de la CEE, el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española Mons. Argüello ha ratificado: «La Iglesia no quiere que el Estado asuma su responsabilidad económica, moral y espiritual con las víctimas de abusos ni que el Gobierno regule lo que no le corresponde. Ha de regular para todos desde el respeto al principio de legalidad y de universalidad. Ahí nos encontraremos».
La Iglesia tiene que dejar de mostrarse pusilánime y de permitir ser atropellada por los poderes políticos. ¡Ya está bien! Tiene que defenderse y tener una palabra a la que acogerse los fieles que sufren este trato hiriente por parte de un Gobierno y unos medios progres y anticatólicos.
Pueden leer otros artículos nuestro al respecto de este tema sangrante:
«La infame y mendaz manipulación del informe sobre los abusos en el ámbito de la iglesia«